Para Mosca, es una “buena variante” declarar a la educación como servicio público esencial

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca recorrió en Mar del Plata la Escuela Primaria N° 74 “Carlos Fuentealba” junto al diputado de Cambiemos Guillermo Castello, autor de la iniciativa que busca declarar a la educación como servicio público esencial, lo que limitaría las huelgas como la que se desarrolló este jueves en toda la provincia.
Puntualmente, la iniciativa prevé que en caso de conflictos salariales o laborales deberán mantenerse los servicios mínimos como el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción, el funcionamiento de los comedores escolares y el mantenimiento de las escuelas abiertas con una guarda mínima.
Sobre el proyecto de Castello, Mosca afirmó que “es una buena variante para analizar, pensando en que no se pueden perder más días de clases en las escuelas” y agregó: “Esto le evitaría a los chicos el daño y el costo por no tener todos los días de clase que debieran”.
Los diputados oficialistas realizaron la recorrida por establecimientos educativos en el día en que se realizó un nuevo paro nacional docente que contó con la adhesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense.
En ese marco, Castello, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que “después de 21 días de paro docente, que perjudican a los alumnos de las escuelas públicas, sobre todo a los de menores recursos, habría que evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes bonaerenses”.
Entiendo que el derecho humano a aprender es de jerarquía superior al derecho de huelga, que no es absoluto. Esto implica que el dictado de clases no podrá ser interrumpido por medidas de fuerza, equiparando el deber a las actividades en donde está prohibida su paralización, como por ejemplo, los servicios hospitalarios o el control de tráfico aéreo“, apuntó.
La iniciativa del diputado marplatense propone declarar a la educación pública como servicio esencial, entendiendo que la educación es un bien público y constituye un derecho personal y social que deben estar garantizado por el Estado.

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