Casanello rechazó enviar la causa por aportantes truchos en campaña de Cambiemos a la justicia platense

El juez Sebastián Casanello no hizo lugar al pedido de su par de La Plata con competencia electoral, quien reclamaba acumular todas las causas en su Juzgado, por lo que ahora la investigación continuará su curso bajo otras tipificaciones penales más graves.
Específicamente, Casanello está a cargo de una denuncia por supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, falsedad ideológica a partir de la presentación de la organización La Alameda, que daba cuenta de afiliaciones masivas forzadas al PRO así como aportes de campaña falsos, armados con listados de beneficiarios de planes sociales.
En las últimas semanas, Casanello le tomó declaración testimonial a unas 40 personas que ratificaron las denuncias de las víctimas: esto es quienes figuran aportando dinero y dijeron desconocer haber hecho esos aportes.
El juez Ziulu declaró la competencia de su fuero electoral para entender en todas las causas relacionadas con el control del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y, en función de ello, le pidió a Casanello que se desprendiera de su causa.
En su resolución, Casanello rechazó la petición y recordó que cuenta con aproximadamente medio centenar de declaraciones testimoniales, un informe pericial caligráfico, distintos informes oficiales y otros en curso, por la cual seguirá al frente del caso.
“Los actos de instrucción realizados hasta el momento han tenido por norte corroborar las falsedades y establecer el origen de las filtraciones, sobre la base de que las personas cuya identidad fue utilizada ardidosamente integran bases de datos de organismos federales con sede en esta Ciudad -ANSeS, INAES, Ministerio de Desarrollo Social-. En esta última circunstancia reposa hoy la competencia de este Juzgado”, explicó Casanello.
Y agregó: “13”.
La hipótesis de Casanello es que los listados de aportantes a la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en Buenos Aires fueron confeccionados con los nombres de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero que habían aportado en realidad personas que no querían figurar o bien empresas, lo que está vedado por la ley electoral.

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