El Código Electoral de la ciudad se votaría en octubre y las próximas elecciones se unificarán con las presidenciales

La iniciativa que ingresó al recinto en los primeros días de abril plantea entre otras cosas darle más autonomía al distrito para decidir en qué fecha se realizan los comicios para elegir a sus autoridades locales y deja abierta la posibilidad de implementar nueva tecnología en las votaciones.
De esta manera, la elección a jefe de Gobierno, en la que Horacio Rodríguez Larreta seguramente buscará su reelección, podrá realizarse en simultáneo con las nacionales.
La norma vigente establece que estos dos procesos deben estar separados y así ocurrió en 2015: diferente fue en las legislativas de 2017, que se realizaron juntas ya que no se renovaban cargos para el Ejecutivo.
Pese a que el bloque Vamos Juntos tiene mayoría en la Legislatura, necesitará del consenso de otros espacios para aprobar las modificaciones, ya que cuenta con 36 diputados y se necesitan 40 para que salga la ley.
El oficialismo confía en que va a llegar a ese número gracias a un acuerdo con gran parte de la oposición, incluido el kirchnerismo, y que a finales de septiembre el proyecto tendrá dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Diego Marías, y de Justicia, a cargo de Daniel Presti, por lo que en la primera semana de octubre ya se votaría.
El radicalismo, representado en la Ciudad por el espacio Evolución, que tiene como líder a Martín Lousteau, ya adelantó que no va a acompañar la iniciativa y hasta presentó un Código Electoral propio.
Puntualmente, la UCR porteña no está de acuerdo con que se unifiquen las elecciones a jefe de Gobierno con las presidenciales y tampoco ve como algo positivo la creación del Instituto de Gestión Electoral que propuso Vamos Juntos.
Este organismo, según está explicado en el proyecto oficialista, sería el encargado de organizar los comicios: preparar los debates entre los candidatos, distribuir los fondos públicos a los partidos, establecer las escuelas en las que se van a instalar las mesas de votación y repartir las boletas, entre otros muchos puntos.
El radicalismo no quiere que el Instituto tenga tantas atribuciones y busca que todas estas tareas sean divididas en diferentes áreas para que haya un mayor control del proceso.
Por otra parte, el oficialismo deberá resolver en las próximas semanas algunas diferencias que mantiene con la oposición, entre ellas la financiación de la campaña.
El proyecto propone que el dinero provenga en un 90% de los fondos del Estado y el resto sea completado con aportes de personas físicas y de empresas, con un límite de 5% cada una.
El kirchnerismo considera, en cambio, que toda la campaña debe ser financiada con los fondos públicos: lo más probable es que se llegue a un acuerdo para permitir las donaciones de los vecinos, pero no de las compañías privadas, como sucede con la legislación actual.
Otro punto en debate es el posible uso de nueva tecnología en las votaciones, algo que está contemplado en el proyecto pero que no tendrá efecto si se unifican las elecciones, ya que la Ciudad deberá adaptarse en ese caso a las normas nacionales.
Sin embargo, este artículo deja abierta la posibilidad de implementar la boleta electrónica en un futuro, algo que ya se utilizó en el 2015, cuando los comicios fueron separados de las presidenciales.
Ya hay un consenso sobre la obligatoriedad de realizar un debate público previo a las votaciones, medida que alcanzará a los candidatos a jefe de Gobierno y a quienes encabecen las listas a legisladores y comuneros de cada partido.
También se acordó la paridad de género, por lo que, excepto para los cargos de autoridades ejecutivas, los espacios políticos deberán presentar en sus boletas a hombres y mujeres en partes iguales.

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