Se eligieron los tres jueces que integrarán la próxima formación del Consejo de la Magistratura

Las tres listas que compitieron en los comicios lograron imponer a un candidato propio, que asumirán en el cargo por cuatro años.
Los seleccionados para el puesto fueron los camaristas Ricardo Recondo y Alberto Lugones y el juez de primera instancia Juan Manuel Culotta.
Ellos reemplazarán desde noviembre próximo a sus colegas Luis María Cabral, Gabriela Vázquez y Leónidas Moldes, respectivamente.
Recondo fue el candidato de la lista bordó (que obtuvo 252 votos), gobierna en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y ya había integrado el Consejo en el periodo 2010 – 2014.
Es el actual presidente de la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en su anterior paso por el organismo se mostró muy crítico al kirchnerismo.
Por su parte, Lugones fue propuesto por la lista celeste (219 votos), preside la sala II de la Cámara Federal de San Martín y es cercano al radicalismo.
Finalmente, Culotta es actualmente titular del juzgado federal de Tres de Febrero y fue el candidato de la lista Compromiso Judicial (184 votos).
Las elecciones, de las que participaron 800 jueces, se realizaron en las oficinas de todas las cámaras federales de apelaciones del interior del país y en tres urnas colocadas en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en la calle Libertad al 731.
El mes que viene, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) deberán realizar sus propios comicios para elegir a los dos letrados que los van a representar en el organismo.
Ahora ocupan esos puestos Adriana Donato, por la CPACF, y Miguel Piedecasas, por la FACA, que además se retira como presidente del Consejo.
Luego vendrá el turno de los representantes del Senado y de Diputados, que en ambos casos deberán elegir dos por el bloque más numeroso y uno por el que le sigue en cada recinto (6 legisladores en total).
También resta definir el representante del sector académico, que es decidido por los rectores de las universidades nacionales, y el del Poder Ejecutivo, que es impuesto directamente por el Gobierno.

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