Senadores acordaron avanzar con una ley de lobby para transparentar la gestión de intereses

Durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado los legisladores de Cambiemos, del Bloque Justicialista y del Interbloque Federal mostraron consenso sobre el tema, con algunos matices que deberán ser resueltos por los asesores legales la semana próxima.
De los tres proyectos presentados, el que reunió más apoyo fue el del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que propone regular la gestión de intereses tanto en el ámbito del Congreso como en el Poder Ejecutivo.
A grandes rasgos, el proyecto establece la obligación de crear en ambas cámaras del Congreso y en el Poder Ejecutivo un registro público de lobbistas y que tanto los legisladores como los funcionarios registren la fecha, hora y lugar de las audiencias que mantengan con ellos.
El chaqueño Ángel Rozas (Cambiemos) señaló que el lobby “existe en todos los lugares del mundo” y destacó la necesidad de contar con una ley que obligue a que el lobbista tenga que “inscribirse y cumplir con ciertos requisitos”.
“Voy a acompañar porque hay que regular la actividad de los lobbistas en este país”, señaló Rozas, respaldado por sus compañeros de bloque Pedro Braillard Poccard e Inés Brizuela y Doria, quien pidió alcanzar un “dictamen de consenso“.
A su turno, el chubutense Mario Pais (Justicialista) consideró que los proyectos presentados “se pueden unificar” pero consideró que se debe regular la actividad en “todos los poderes, incluido el Poder Judicial” pero no en lo referido a los procesos, sino a cuestiones presupuestarias y administrativas.
Esta idea contó también con el respaldo del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), quien señaló que la regulación de la actividad debería abarcar “a todo el Estado” y propuso además revisar el tema de los registros para “no obligar a alguien que concurre por única vez a inscribirse en un registro como lobbista”.
Pais apoyó también la idea del proyecto de Pichetto de crear en el Congreso una Comisión Bicameral de Transparencia que funcione como autoridad de aplicación de la ley y consideró que en el Poder Judicial ese rol debería cumplirlo el Consejo de la Magistratura.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Cambiemos) apoyó el “objetivo de generar transparencia en la gestión de intereses” pero pidió “ser cuidadosos de no convertir la cercanía de los ciudadanos a a los representantes en algo burocrático”.
Finalmente, el presidente de la comisión, el catamarqueño Dalmacio Mera (Justicialista), propuso pasar el tema a los asesores jurídicos para que diseñen un proyecto único en base a las sugerencias de los senadores y avanzar lo antes posible con la firma de un dictamen.
En declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, Mera destacó como el punto de mayor consenso que la actividad de la gestión de intereses se regule en el Poder Legislativo y en el Congreso e indicó que la propuesta de incorporar también al Poder Judicial apareció como una novedad.
El catamarqueño sostuvo que también podría haber consenso respecto de la idea sugerida por Romero de no obligar a inscribirse a todas las personas que visitan a los legisladores o funcionarios -dado que algunos pueden no ser lobbistas que gestionan un interés en particular- pero sí registrar las reuniones.
Por otra parte, fuentes parlamentarias indicaron que el momento elegido para avanzar con un proyecto que regule el lobby tiene que ver con el escándalo que se generó a partir del llamado “caso de los cuadernos”, sobre el presunto pago de coimas en la obra pública.
Según indicaron las fuentes consultadas, la idea es que el proyecto ayude a restringir en la mayor medida posible los márgenes de discrecionalidad y evitar posibles casos de tráfico de influencias o corrupción.

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